De la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) con los jefes de bancadas legislativas para imponer la aprobación de leyes supuestamente dirigidas a reforzar el combate a la violencia y la criminalidad, quedó evidenciada la discordancia con la política del gobierno en materia de seguridad.
Aprovechando la embestida antiterrorista en Francia por las matanzas en París atribuidas al denominado Estado Islámico, que entre varias medidas propuestas por el gobierno de Hollande está la controversial de reformar la Constitución para limitar determinadas garantías individuales, incluyendo la libertad de expresión, aquí, en Honduras, el gobierno pretende seguir el guion para reforzar –y justificar—el régimen dictatorial instalado.
Francia, cuna de la libertad y de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es y siempre será un Estado de leyes. Con la inigualable experiencia de su Revolución y de dos guerras mundiales contra el totalitarismo, sabrá sortear el desafío a la seguridad nacional, pero respetando la idiosincrasia democrática y libertaria del pueblo francés, que, por lo demás, jamás se dejaría coger por las garras de la dictadura.
En Honduras, ¿nuestro país?, es diferente. No es, en realidad, un Estado de leyes propiamente dicho, y su régimen ha recalado de autoritario en régimen fascista. Todas las leyes y las reformas de leyes relacionadas con la seguridad interna emprendidas por la administración tienen, como verdadera finalidad, reforzar la dictadura, impedir del desarrollo de la democracia real, de la soberanía popular, y, en fin, asegurar el objetivo continuista por la vía de la reelección presidencial.
Los partidos políticos, con excepción del Partido Nacional (PN) y la comparsa insignificante, entienden perfectamente la determinación oficial. En consecuencia, insisten en la adopción una política de Estado integral que implica, más bien, la revisión y derogación de leyes inconstitucionales, violatorias de los derechos humanos, como la Ley de Escuchas, la Ley de Secretos Oficiales, y, por supuesto, la dizque reforma constitucional para implantar la reelección presidencial.
La reacción de los partidos políticos de oposición de cara a la propuesta del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández y del presidente del Legislativo Mauricio Oliva puede considerarse de choque frontal, puesto que rechaza, de plano, la tesis militarista, con intención de llevarla al extremo, de la doctrina de la seguridad nacional, la cual, en la década siniestra 80’ del siglo recién pasado, dejó un abominable saldo de víctimas “desaparecidas”, otras torturadas y otras más obligadas a abandonar su patria.
La actitud de los partidos políticos de oposición –Liberal (PL), Libertad y Refundación (LIBRE), Anticorrupción (PAC), Innovación y Unidad (PINU)— es consecuente con la necesidad de abordar la seguridad nacional en función de la doctrina seguridad ciudadana o democrática, o sea que la persona humana es el fin de la seguridad, en vez del concepto fascista de la doctrina de seguridad nacional, cuyo fin es el Estado que niega la integridad del ser humano y sus derechos naturales e inalienables.
