Miércoles, 20 Agosto 2014 22:54

Carretillazo versus furgonazo

Víctor Manuel Ramos

A raíz de las declaraciones del abogado Enrique Flores Lanza que aclara quienes fueron los responsables de manejar los dineros conocidos como de la Cuarta Urna, se ha querido levantar una polvareda artificial. Estos recursos debieron utilizarse el día en que se haría la consulta popular para saber si el pueblo aprobaba o no una urna adicional en las elecciones generales del 2009, para consultar a los electores si estaban de acuerdo con una cuarta urna para que decidieran la convocatoria a un plebiscito para la llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, consulta que se vio violentamente interrumpida con motivo del golpe de Estado militar del 28 de julio de 2009.

Todo sensato se dará cuenta que la reactivación de este asunto no es más que un artilugio gubernamental para quitarle notoriedad a los dos escándalos más trascendentales en que se ha visto involucrado el gobierno nacionalista: el saqueo al Instituto Hondureño del Seguro Social y la captura del alcalde de Yoro, sindicado presuntamente como narcotraficante y como lavador de activos.

La señora de Anchecta, del Tribunal Superior de Cuentas, ha declarado para la prensa y ha dejado expresa su intención de meter en el mismo costal al Presidente Manuel Zelaya Rosales a quien considera responsable de lo gastado para ejecutar la encuesta nacional sobre la cuarta urna a pesar de que la actividad estaba respaldada por un decreto ejecutivo a todas luces legal y que se enmarca en las funciones constitucionales del Presidente Constitucional de la República.

No hay en todo esto ninguna ilegalidad, por el contrario, el presidente Zelaya, por primera vez en la historia de Honduras, quiso hacer al pueblo partícipe de decidir sobre el destino del país. Algunos sectores, asustados frente a la posibilidad de que los hondureños tomaran las riendas de la conducción de su patria, pero que lo que quizá les aterrorizó más fue la inminencia de perder sus privilegios sustentados en la corrupción y el engaño permanente a la hondureñidad con la falsa promesa de democracia y progreso, acudieron a las barracas militares para volver a burlarse de los deseos del pueblo.

Aquí lo que tiene que dilucidar, en todo caso, el Tribunal Superior de Cuentas es como los responsables gastaron los dineros que tuvieron en sus manos de la cuarta urna, personajes que  están obligados por la ley a dar cuenta pormenorizada de esos manejos y a restituir a las arcas nacionales lo no gastado. Y si alguien se apropió de lo que no era suyo pues que le caiga todo el peso de la ley. La encuesta como tal no ha sido delito alguno.

Delito si es el golpe de Estado. Y, aunque ahora sus ejecutores están serenos y tranquilos, como diría Suazo Córdoba, y andan frescos como una lechuga, no está lejano el día en que tengan que responder ante la justicia (la auténtica justicia) por el delito de atropello a la constitución, de tal suerte que la Señora de Anchecta deberá ya estar investigando los dineros que los usurpadores dilapidaron durante su efímera e ilegal gestión y que, por las noticias de las que tuvimos conocimiento, esos manejos huelen a una tremenda corrupción, a tal grado que dejaron las arcas públicas en una verdadera calamidad. Esa suma no es la ridícula de 50 millones.

Lo gastado en ejecutar la encuesta sobre la cuarta urna es pírrico si lo comparamos con lo cuantioso del atraco al Instituto Hondureño del Seguro Social, o con las sumas que atribuyen al alcalde de Yoro. En este asunto del Seguro no ha actuado con la diligencia del caso el Tribunal Superior de Cuentas, los órganos de Seguridad, sorprendentemente, no han capturado al principal sospechoso y la fiscalía no ha actuado como esperábamos los ciudadanos derechohabientes estafados para llamar al banquillo de los acusados a los principales cómplices y beneficiarios del asalto a las arcas de IHSS que pareciera, también, se sienten tranquilos y seguros. Tampoco se han judicializado quienes han abierto “la bocota” para confesar que sabían del estercolero del Seguro y de los negocios del alcalde de Yoro, pero que no lo dijeron en su debido tiempo.

Lo que si es cierto es que al pueblo hondureño ya no le dan atol con el dedo. Los catrachos despertaron del sueño de siglos en que durmieron arrullados con la canción de cuna de una falsa democracia. Los hondureños ya no quieren más de lo mismo, más de falsas promesas, de continuados atracos al fisco, de venta al mejor postor de nuestros recursos, playas, carreteras, sistemas eléctricos, de la empresa telefónica, todo esto pertenencia plena del pueblo hondureño en su totalidad, de más militarización de la sociedad.

Por eso, por eso sencillamente, el gobierno debe estar claro que para el pueblo no es lo mismo el carretillazo de la cuarta urna, destinada a entregarle el destino de la patria a los catrachos, que el furgonazo del Seguro Social que enriqueció a muchos agazapados, ahora, en el gobierno.