El informe hace mención del asesinato, el mes pasado, de tres activistas políticos que se opusieron al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya el 28 de junio, calificándolo de golpe militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena y deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales que han sufrido los miembros de la Resistencia Popular a raíz del golpe militar del 28 de junio. El informe da a conocer que en Honduras se dieron 50 casos de detenciones, ocho de tortura, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento ilegal en febrero. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las víctimas han sido miembros de la Resistencia, líderes sindicales y periodistas, así como sus hijos.

     Desde el mes de enero, cuando fue instalado el nuevo gobierno que preside don Porfirio Lobo Sosa, la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos y las libertades civiles, pasa a su gobierno, según el informe. La Comisión señala que Honduras debe adoptar urgentes medidas que garanticen el derecho a la vida, a los tratos humanitarios y a las libertades personales. El informe agrega que “Todas las personas, sin ninguna excepción, deberán ser igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, libre asociación y participación política.” El señor ministro de Seguridad, Oscar Alvarez Guerrero, dijo que se compromete a fortalecer las investigaciones orientadas a esclarecer los sucesos acaecidos y que se detendrá a los responsables aplicándoseles todo el peso de la ley. El ex jefe de gobierno, Roberto Micheletti, impuso la ley marcial durante su gestión y, según el informe, fue entonces que algunos simpatizantes del depuesto presidente Zelaya fueron hostigados, detenidos o sometidos a peores tratos.

      El Comisionado Nacional de la Policía, Leonel Sauceda, declaró  que los derechos humanos serán respetados por el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Agregó el Comisionado Nacional de Policía que aunque el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, asumió el ministerio hace poco más de un mes, ya prometió esclarecer los sucesos por los que se condena a Honduras. La Comisión de la Organización de Estados Americanos dio a conocer el asesinato de la activista política Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años, cuyo cadáver fue encontrado el  3 de febrero. Otros asesinatos incluyen los del sindicalista Julio Fúnez Benítez, suceso acaecido frente a su casa en Olancho, el 15 de febrero. El asesinato de Claudia Brizuela, de 36 años, e hija del activista Pedro Brizuela y la muerte violenta de Dara Gudiel, de 17 años, en Danlí, El Paraíso. La jovencita era hija del periodista Enrique Gudiel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa con gran preocupación que, tal parece, se hostiga y se amenaza a las familias de los miembros de la Resistencia, habiéndose cometido, incluso, dos asesinatos.

    Según varios analistas la violencia no es novedad en Honduras, y tampoco se limita a grupos específicos. La violencia puede surgir de la política, sea de izquierda o de derecha, puede tratarse de crímenes espontáneos u organizados, y se da tanto en centros urbanos como rurales. El señor Otto Reich, que sirvió en tres gobiernos Republicanos estadounidenses, declaró que lamentablemente, Honduras tiene una historia violenta. El señor Reich, que respaldó al gobierno de Micheletti, se ha reunido con el presidente Lobo Sosa, y dijo que el gobierno actual está comprometido a reconciliar el país y a ponerle fin a las divisiones que surgieron como resultado del golpe militar.

     Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de todos los sectores políticos gozan del pleno y libre derecho a la libertad de expresión y al derecho de asociación, sin violencia, acorde a las leyes del país y a los parámetros interamericanos para la protección de los derechos humanos. Lamentablemente para nosotros, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sigue catalogando a Honduras como un país donde la violencia es endémica y recomienda precauciones tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los ciudadanos hondureños. Lo que resulta difícil de comprender es que se estén redactando informes hasta ahora, cuando en Honduras siempre existieron los atropellos, la injusticia social y la desigualdad chocante. Nada de lo que ahora ocurre es nuevo. Nunca hemos pensado en vivir en un país donde todos los ciudadanos sean iguales ante la ley…en un país libre de represión. Nos falta sensibilidad, bondad y nobleza.

Marzo 11, 2010