Viernes, 27 de Enero de 2012 22:19
Editorial
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Como resultado de un largo consenso, finalmente el Ejecutivo ha introducido en el congreso nacional un anteproyecto de ley para la creación de una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, de acción temporal, para “diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública”. De acuerdo con esta definición, este órgano, “temporal e independiente”, será el encargado de elaborar propuestas sobre la reforma del sistema interno de seguridad nacional, las que serán turnadas al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial “con el fin de implementar los procesos de depuración” en estas entidades públicas. Se entiende, entonces, que la depuración de la policía, del ministerio público y del poder judicial se realizará en inteligencia con estas entidades afectadas de corrupción, aunque dicha Comisión de Reforma de la Seguridad Pública tendrá la función de “vigilar la efectiva ejecución” de la depuración. De este trabajo, sin embargo, ya está encargada la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, al menos en lo relacionado con la Secretaría de Seguridad. Significa, entonces, que este organismo, de naturaleza autónoma, está a su vez sujeto a la vigilancia y supervisión de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Los miembros de la Comisión, según el anteproyecto de ley, serán nombrados por el Ejecutivo a propuesta del propio Ejecutivo, del Legislativo y de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) y constará de cinco comisionados: tres nacionales, con voz y voto, y dos extranjeros, suponemos que con voz. La Comisión tendrá vida de tres años y poseerá, entre sus atribuciones, la de formular recomendaciones “para la readecuación de la normativa legal relacionada”, para combatir la corrupción, que abarca las violaciones de los derechos humanos y las actividades delictivas en el interior de los organismos del Estado involucrados. Aparentemente con la creación de esta Comisión de Reforma de la Seguridad Pública se cumple la demanda de intervención, depuración y reestructuración de la policía, y, en general, de todo el sistema de seguridad nacional, aunque no se incluya a las fuerzas armadas. El trabajo de este nuevo mecanismo es, de entrada, inmenso. Sin embargo, su funcionamiento depende básicamente de lo que se da en llamar la voluntad política, que naturalmente incluye los recursos indispensables para realizar las tareas planteadas, todas ellas difíciles y sujetas a múltiples interferencias que exigen rápidos cambios administrativos y estructurales. Por el momento, al respecto solamente tenemos a experiencia de la recién creada Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, cuyos titulares se duelen de falta de presupuesto y de voluntad política. Ojalá, pues, que ahora, mediante el recurso de la Comisión, la cosa cambie para bien de todos. Es necesario recurrir al optimismo y darle espacio a la esperanza. |