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Menos mal que en el ámbito legislativo no parece haber ambiente favorable a la iniciativa del Ejecutivo de facto de denunciar el tratado de adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), puesto que en su trasfondo no hay beneficio para nuestro país, sino pura demagogia y anti-americanismo trasnochado.
Por ser de historia reciente, todos sabemos que la adhesión de Honduras a la ALBA no ha significado en ningún momento un involucramiento ideológico determinado, ni tampoco implica compromisos que afecten la soberanía nacional.
Toda la propaganda destacada en su momento para impedir el ingreso de nuestro país a esta organización, en la que abundaron falaces argumentaciones y amenazas veladas, quedó desvirtuada y la opinión pública pudo así tener una visión clara sobre la importancia de esta vinculación fraternal en el entorno latinoamericano.
El proceso de adhesión de Honduras a la ALBA fue gradual, y su principal intención fue de orden económico y social, en circunstancias sumamente difíciles derivadas de la crisis energética internacional del año 2007, en el que, como primer paso, se suscribió el convenio con Petrocaribe, con lo cual salimos –como ningún otro país de América Central—airosos y con uno de los crecimientos económicos más altos de Latinoamérica.
El siguiente paso, después de la asociación con Petrocaribe, fue la adhesión a la ALBA, a cuya merced aumentaron los beneficios económicos por la compra a crédito de combustibles derivados del petróleo, en condiciones básicamente concesionales, con intereses del 1% anual, pagaderos en 20 años y un período de gracia inicial de 5 años.
Por la participación en la ALBA Honduras recibió, entre otros beneficios adicionales, 100 tractores para el desarrollo agrícola, y, por supuesto, la facilidad de utilizar el dinero del crédito energético (60% del total) para el desarrollo agropecuario y para la educación en diversos campos. Ese dinero, según se dice ahora, ha sido utilizado para otros fines por el gobierno de facto.
Aparentemente –y desde el ángulo puramente jurídico—el convenio con Petrocaribe es una cosa y la adhesión a la ALBA es otra muy distinta. De tal manera que, en la mente aberrada de quienes promueven la denuncia del tratado con la ALBA, esto no afecta la relación con Petrocaribe.
Sin embargo, el mismo hecho de que el proceso haya sido conducido y realizado en forma gradual y que los Estados miembros de Petrocaribe son los mismos de la ALBA, con el adicionamiento de las mayores ventajas crediticias, hace inevitable que la decisión política relacionada con la ALBA tenga un impacto muy considerable en el entorno de Petrocaribe.
El nuevo gobierno, que, por lo que estamos viendo, no hallará un lecho de rosas para la convivencia con la comunidad internacional, vería aún más reducida su plataforma de supervivencia si la gestión de Micheletti --que ha perdido contacto con la realidad-- tiene buena acogida en el congreso nacional. No digamos el incremento de los daños para el pueblo hondureño y para el desarrollo económico y social de nuestro país.
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