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           Las elecciones generales en Honduras pondrán a prueba a la Organización de Estados Americanos (OEA) en lo que se refiere a la observancia y defensa de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana que tutela.
             Si bien es cierto que el reconocimiento de un resultado electoral en un Estado por parte de otro Estado es privativo de éste y a la vez indelegable, también lo es que siempre hay un cierto condicionamiento ético en torno a la valoración de una elección, sobre todo si existen compromisos internacionales sobre la legitimidad de los procesos electorales y el origen de los gobiernos.
           Las próximas elecciones generales en Honduras vienen a ser paradigmáticas en este sentido porque se realizarán en el marco de un régimen inconstitucional, de fuerza, condenado por la OEA, en términos continentales, y por la ONU, en dimensión mundial.
            En cuanto a la OEA, los Estados integrantes también de manera individual han declarado esa condena al gobierno dictatorial y al régimen de facto, e incluso Estados Unidos ha expresado, a través declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado, que sus gestiones e intervenciones en el Caso Honduras se realizan en el seno de la OEA.
             Dentro de un panorama tan elusivo y complejo como ése, resulta muy difÃcil puntualizar la calidad, transparencia y universalidad de las elecciones en Honduras, debido al entramado ilegal y represivo en que se desarrollan, independientemente de si el proceso comenzó antes de la perpetración del golpe de Estado militar y del rompimiento de la Constitución.
             De manera tal que la única manera de conciliar las elecciones con los principios de legitimidad y de universalidad es con la plena restitución del orden constitucional e institucional, antes de las elecciones, aplicando, por lo menos, el Acuerdo Tegucigalpa-San José, algo que hasta ahora no ha sucedido.
             Esta es, en primera instancia, una cuestión de principios. Asimismo –y no menos importante— es una imperiosa condición democrática, cuya observancia viene a ser carta de garantÃa para los gobiernos legalmente constituidos y para establecer la confianza en las relaciones entre los Estados, principalmente en lo que al continente americano concierne.
             Por lo que ha trascendido de la reunión del Consejo Permanente de la OEA del dÃa de ayer para evaluar la situación electoral en Honduras, la casi totalidad de los paÃses del continente están claramente en la posición de que no reconocerán las elecciones del 29 de este mes si antes no se ha restituido el Estado de derecho, el orden constitucional, con su legÃtimo Poder Ejecutivo.
            Estados Unidos, por boca del nuevo subsecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela, ha expresado, según France Presse (AFP), que las elecciones son “una condición necesaria”, pero no “suficiente” para restaurar el orden constitucional. HabrÃa que hurgar más a fondo para hallar el verdadero sentido aplicable, la justa intención pragmática, que encierran estos conceptos.
             Es por las ambigüedades, entonces, que se configura el pulso en la OEA. |
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