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Las elecciones generales del 29 de noviembre se realizarán bajo el signo de la represión, a juzgar por las medidas de seguridad militar y policial diseñadas al efecto y por las disposiciones de la FiscalÃa General para perseguir a los “delincuentes” electorales.
Posiblemente esta situación es la que ha movido al presidente de la República José Manuel Zelaya Rosales a recomendar, desde el cautiverio polÃtico, la posposición de dicho evento electoral, con el objeto de utilizar el paréntesis para de alguna manera restablecer el Estado de derecho que permita la legitimación este proceso electoral.
Por otra parte, el portavoz de Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, insiste en que “la constitución de un gobierno de unidad nacional es clave para salir de la crisis polÃtica en Honduras”.
La cuestión es, sin embargo, que un gobierno de unidad nacional que merezca ser considerado como tal no podrÃa integrarse y subsistir en un régimen de facto. Precisamente, esa es la razón principal del descalabro del Acuerdo Tegucigalpa-San José, el cual ha ido naufragando en forma irreversible.
“La convocatoria a elecciones generales ordinarias en un Estado de facto, sin que previamente se haya restaurado la democracia e instalado el gobierno de unidad nacional y reconciliación –apunta el presidente Zelaya Rosales—es una aberración jurÃdica, una burla y un engaño al pueblo”.
Como TIEMPO lo ha señalado en su espacio editorial, la postergación en el congreso nacional –que, en esta situación de facto, actúa en realidad como consejo de Estado—respecto a la parte que le corresponde en lo relacionado con la restitución del legÃtimo Poder Ejecutivo, tiene la connotación de un tiro de gracia al fracasado Acuerdo Tegucigalpa-San José.
En este sentido, la exhortación de posponer las elecciones generales viene a ser, en buena lógica, un intento postrero de rescatar el Acuerdo Tegucigalpa-San José y salvar el proceso electoral de las inevitables contradicciones y desconocimientos a que se verán sometidos sus resultados si las elecciones se efectúan en el contexto del régimen de facto, sin la existencia en Honduras del Estado de derecho y los poderes constituidos.
Hasta este momento, el ambiente es totalmente contrario al desarrollo democrático del proceso electoral, y lo que prevalece es un clima de opresión polÃtica, exacerbado con el despliegue de todas las fuerzas represivas de que dispone el gobierno de facto para amedrentar a la oposición y someter al electorado al plan dictatorial de darle continuidad al golpismo en el control y usufructo del poder público.
12,000 efectivos militares, 14,000 efectivos policiales y 5,000 reservistas están de lleno en el control directo de los centros de votación, de las maletas electorales y de los votantes. Las fuerzas armadas han ordenado a los alcaldes la confección de listas de “enemigos” del proceso electoral, con el objetivo de “neutralizarlos”. La fiscalÃa general ha ordenado a los 530 fiscales de todo el paÃs para que estén listos a perseguir a los “delincuentes electorales”.
En estas condiciones, ¿cómo podrÃa hablarse de elecciones libres y democráticas? ¿Qué ciudadano en su sano juicio se sentirÃa presto a votar, junto con su familia, en un medio dominado por la amenaza, el temor y la desconfianza?
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