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Ayer comenzó el año escolar 2010 con una población estudiantil de aproximadamente 2,5 millones, lo que indica un aumento de más de cien mil alumnos en las aulas de enseñanza primaria.
Aunque todavía no se ha hecho una evaluación completa, la educación en 2009, es innegable el fracaso ocasionado por el golpe de Estado del 28 de junio que, a este respecto, culminó con la interrupción parcial de las clases en los últimos cuatro meses, el adelanto de un mes del cierre oficial de las labores educativas, y la promoción automática al grado siguiente, sin los exámenes de rigor, para todo el alumnado.
Unida a esta calamitosa cadena de fallas, también está el problema esencial de la calidad de la enseñanza, cuya solución no parece estar a la vista, y que es el principal factor del atraso nacional. La perspectiva de cambio a este respecto se perfila lejana, independientemente de las alegres elucubraciones sobre un proyecto de país.
Los retos de la educación en Honduras son ahora mayores, por efecto de la crisis política y la crisis económica en que está sumergido el país. La forma en que se desenvuelve la situación hondureña no da lugar, por ejemplo, a la motivación de la necesaria cooperación internacional, a diferencia de los años anteriores.
Asimismo, la cauda de desempleo y de la caída de las actividades económicas —sin contar con el deterioro del valor real de los salarios— impactará negativamente en el sector educativo, tanto en lo relacionado con la deserción escolar en el sistema público como en lo que se refiere a la capacidad familiar para acceder a la educación privada.
De acuerdo con datos estadísticos de 2008, el 40% de la educación primaria y el 50% de la educación secundaria se imparte en centros privados, lo cual refleja, por una parte, la incapacidad del sistema público para cumplir con el mandato constitucional de la educación gratuita, y, por la otra, destaca el descontrol del sistema público.
Por el momento, el gremio magisterial dice estar en posición de cumplir con las metas programadas por el gobierno, toda vez que la administración cumpla con los compromisos económicos y financieros que tiene pendientes con el magisterio, y que fueron abiertamente desconocidos y hasta atropellados por el gobierno de facto.
Como ha ocurrido en el pasado, la incidencia de la deuda del Estado con el magisterio viene a ser la causa principal de las huelgas y la consiguiente paralización de las labores educativas, lo mismo que la corrupción en el manejo de las plazas para los maestros dentro del sistema, que es un filón de los diputados para el clientelismo político.
Con este panorama, y debido al desbalance presupuestario que se avecina, más la circunstancia del cambio de gobierno, esa tendencia podría empeorar si no hay una consistente voluntad gubernamental que pueda colocar las cosas en su lugar.
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