Jueves, 31 Jul de 2014
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Editorial

 
 
Domingo, 21 Abril 2013 17:11

Arenas movedizas

​José Eduardo Martell Castro
Durante una cena en enero de 2010 en la que compartimos velada, entre otros, con Ramón Villeda Bermúdez (QEPD), Elvin Santos Ordóñez y Ramón Custodio, me sorprendió sobremanera como, en determinado momento, el Dr. Custodio, orgulloso, manifestó “yo voté por Lobo”.

Sin valorar lo apropiado o no del comentario, el mismo me sorprendió por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque siempre he considerado (y admirado, porque no decirlo, a pesar de no tener relación de ninguna índole) a Ramón Custodio como alguien sumamente inteligente, capaz, analítico; y en segundo lugar, porque no encuentro por donde las propuestas e ideas de Porfirio Lobo y su partido Nacional pudieran congeniar con las del Comisionado de los Derechos Humanos. Dadas las condiciones del país en ese momento, se requería un gobernante que tuviera, mínimamente, tres características: inteligencia, sensatez y liderazgo. Los dos primeros deberían de condicionarse entre sí para tomar las decisiones apropiadas, urgentes e inmediatas que requería el país, de una manera no confrontativa ni polarizante, habida cuenta de lo conflictivo de los últimos diez meses de Zelaya. Y liderazgo para que sus medidas, algunas complejas indudablemente, fueran acompañadas por la gran mayoría de la nación en función de la convicción que ese líder debía generar. Precisamente esa fue mi sorpresa de la enérgica afirmación de Custodio López: ni Lobo es sensato, ni posee liderazgo, y la astucia o audacia no es sinónimo de inteligencia. Por ello, tres años y medio después, el resultado que tenemos en el país no me sorprende en absoluto: lo señalamos en su momento, previo a las elecciones, lo advertimos y alertamos del peligro de Lobo Sosa en el gobierno. Lo que se venía era previsible.  

El nivel de desconcierto en el que la práctica totalidad del pueblo se encuentra nos ubica en un tránsito tortuoso sobre arenas movedizas. Durante tres años, la administración Lobo y el señor Juan Hernández hicieron absolutamente nada digno de subrayar, al menos positivamente. No se tomaron las medidas necesarias para afrontar, paradójicamente, las dos grandes promesas de su campaña electoral: la seguridad y el trabajo. Los bandazos dados en éstas áreas nos han conducido a ser reconocidos mundialmente como un país “en guerra”, con un ejército de desempleados que claramente debe superar el 50% de la PEA, y en un ambiente cada vez más represivo y crispado. Lo dramático es que existen poquísimos elementos que despierten esperanza de una mejoría significativa.

Últimamente Lobo y Hernández han asumido una actitud reformista. Y nos parece muy bien –sin evaluar el doble fondo de cada acción que realizan-,… toda vez se hubiese iniciado los primeros días de su administración. ¿Qué podemos esperar –a tenor de los resultados ofrecidos en 3 años- cuando faltan apenas siete meses para las elecciones, y el candidato nacionalista hace ratos inició su campaña proselitista? Y no se trata de un señalamiento con orígenes partidistas o ideológicos, ni mucho menos. Un ejemplo: el día 3 de marzo de 1996, Aznar, del conservador Partido Popular, ganaba las elecciones generales y asumía la presidencia del Gobierno español. El 18 de septiembre de ese mismo año el insigne periodista Iñaki Gabilondo entrevistaba para la cadena SER a José María Aznar y ante ciertas críticas en torno al cumplimiento de sus promesas de campaña, refutaba: “Estamos ahora hablando de la reforma del sector público: bueno, hemos empezado con ello…hemos hablado antes de la reforma de la Sanidad, hemos empezado con ello. Y hemos hablado de la reforma del sistema de pensiones, hemos empezado con ello. Y hemos hablado de la reforma del sistema de financiación autonómica, hemos empezado con ello… hemos hablado de las reformas estructurales, hemos empezado con ello…Es decir, mire, es que hemos empezado con muchas cosas en cuatro meses”.

Hemos establecido un claro paralelismo que demuestra que las grandes medidas -si se quiere-, se toman al principio de un gobierno, no en el ocaso de éste. Hernández y Lobo tienen el claro objetivo de minar el Estado, debilitar la institucionalidad y consolidar un poder omnímodo que permita carta blanca a sus intereses, sobre todo, considerando el desplome en preferencias electorales de Hernández los últimos 90 días. De haber tenido verdaderas intenciones de reforma, hubieran establecido pactos de Estado en áreas delicadas, como la seguridad. Así ha sucedió en diferentes naciones: la propia España, Irlanda o México. Un pacto de Estado en 2010 era imprescindible para afrontar graves problemas con grandes soluciones. Hubiese servido, además, para recomponer un clima de confianza, haciendo uso de un denominador común de las fuerzas democráticas para afrontar el fenómeno de la violencia y el narcotráfico. Y no confundamos este pacto con la repartición prosaica que Lobo realizó de las carteras ministeriales, acuerpado en un discurso de “unidad nacional”, pues muchos de los secretarios nombrados ni siquiera obedecen a una política institucional partidista, como en el caso de las secretarias de Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería. Lo último, la reciente rotación de funcionarios, es de lo más patético, pues esconde el  frío objetivo de ganar tiempo y algo de oxígeno electoral.

En materia laboral, el caso es igual o peor. Este gobierno no ha sido nada agresivo en generar un clima favorable de inversión local y extranjera, de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Este gobierno no ha favorecido la competencia, no ha procurado la economía de los mejores sino la economía de los amigos. Es un gobierno que dejó pasar la mayor oportunidad que tiene un país para ser un país puntero y de progreso, que es la política en materia de investigación, de desarrollo y de nuevas tecnologías–señalando que no es exclusividad de los desarrollados-. De hecho, según el Global Information Technology Report 2013 del Foro Económico Mundial, que establece un ranking sobre la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de los países, Honduras pasó del puesto 99 al 109.

Marzo y abril han sido meses políticamente álgidos, pero presiento que lo “espinoso” aún está por verse. Hemos sido testigos ya del asalto institucional a la Corte Suprema, a la Fiscalía, a los medios de comunicación, y aunque no dudamos de la ineficiencia de los primeros, mas cierta regulación que debe de gestarse sobre los últimos, el procedimiento realizado no es el que se demanda en democracia para obtener éxito. El clima de diálogo debe imperar, pese a la potestad del Estado de ejercer su autonomía y poder. Un país incendiado no es terreno fértil para el desarrollo, el progreso o la paz, que es lo que a fin de cuenta anhelamos como ciudadanos. No es posible que el deseo de partir del terruño natal a tierras extrañas, por el simple deseo de búsqueda de una vida en paz y con oportunidades de bienestar, se haya propagado, cual epidemia, sobre la ciudadanía, sin distingo de estatus o clase social. Algo marcha mal y es necesario ponerle un alto inmediato, pero sin titubeos, medias tintas o cálculos mezquinos. Lo que debe saber el ilustre lector es que solo su accionar, su participación y la fuerza que le otorga al ciudadano una democracia podrá frenar el avance irrespetuoso y avasallador de los que detentan el poder público en Honduras.

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