Ha surgido una nueva preocupación en Honduras, como consecuencia colateral de la violencia y de la criminalidad organizada: el “desplazamiento interno de personas”, parte de ellas niños y adolescentes.
Las alarmantes estadísticas de tal desplazamiento, de más de 174,000 personas afectadas en la última década, ha movido a la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Bayani, a exhortar al gobierno a esforzarse “para detener una epidemia de desplazamientos internos”.
“El desplazamiento interno causado por pandillas delictivas –recalca dicha relatora especial—es una epidemia invisible que perjudica a comunidades enteras afectadas por la violencia, incluidos los niños y los jóvenes que caen presa de las maras y otros involucrados en actividades criminales”.
Indica, además, que esta situación se corresponde con “un sistema de justicia penal debilitado, así como retos sociales más profundos”. Una manera amable, un tanto vaga, de plantear la responsabilidad sobre un problema estructural que va mucho más allá del pandillerismo juvenil y el crimen organizado.
La migración interna en Honduras empezó a manifestarse con intensidad en la década ’70 del siglo pasado, con el decaimiento de la actividad agropecuaria que devino en colapso en la última década del presente siglo, como resultado de la implantación del modelo económico neoliberal en la administración Callejas
Romero (N, 1970-1974) y el desmantelamiento de la logística para la producción de granos básicos y la diversificación agropecuaria.
Las primeras oleadas de desplazamiento interno fueron del área rural a las áreas urbanas, que ciertamente no ha cesado debido al progresivo empobrecimiento de la vida rural, lo cual, a su vez, trasladó a las ciudades principales una acumulación masiva y desordenada de población, constitutiva de violencia y criminalidad por la incapacidad, también estructural, de creación de
empleo, por una parte, y, por la otra, del elevado índice de crecimiento demográfico.
Como puede apreciarse, el desplazamiento interno de personas tiene raíces más profundas, alimentadas por un sistema económico que ha descuidado (ahora con mayor fuerza) la atención social y con políticas de Estado centradas en la militarización y la doctrina de la seguridad nacional, precisamente agudizada a partir de la década ’80 del siglo XX.
Por supuesto, la violencia, cuyas principales causales son la pobreza y la desigualdad social, solamente puede combatirse atacando sus raíces, lo cual, a su vez, implica un viraje de fondo en las políticas de Estado, algo que en Honduras no figura en la agenda oficial, en el marco de un régimen fascista y en perspectiva continuista, a través de la inconstitucional reelección presidencial.
En la superficie, asimismo, lo que parece ser el motivo de preocupación por la “epidemia de desplazamiento interno” poco tiene que ver con la cuestión de la pobreza y la desigualdad en el ámbito nacional. Se ubica en otra realidad: que “el desplazamiento interno se vuelve un punto de escala hacia la migración” al exterior, especialmente a Estados Unidos.
