Fiesta electoral

Por las vísperas, dice el refrán, se sabe cómo estará la fiesta, y esa máxima de la sabiduría popular, puede aplicarse a la “fiesta electoral”, como en nuestro patio decimos de las elecciones generales.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el amparo del Frente Amplio de Resistencia Popular (FAPER), para saltarse las trancas de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) al reciclaje del fracaso político por la vía de la segunda oportunidad, da la pauta de lo que sucederá en las elecciones del 24 de noviembre/13.

Cuanto se oponga en la LEOP al fraude será subsanado con la recurrencia a la Sala de lo Constitucional, que, como ha sucedido ahora, ha preparado un sofisticado instrumento de “derechos humanos”, acomodado para imponerse a la voluntad popular expresada directamente en las mesas de votación.

Esa nueva instrumentación política es de efecto inmediato y largo alcance, capaz hasta de forzar la asignación del presidente de la República, sencillamente a través del recurso de amparo, el cual, en estas condiciones –las del FAPER—cae en la categoría nefanda del “recurso platicado”.

A partir de ese fallo, --evidentemente pronunciado a favor del candidato presidencial Juan Orlando Hernández, JOH, para resolverle el impasse de la división en el interior del Partido Nacional (PN), en el poder--  ha quedado  definitivamente establecida la estrategia y la plataforma del fraude electoral.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Enrique Ortez Sequeira, al comentar ese fallo de la CSJ ha dicho, entre otras cosas, que, con la liquidación de la actual Ley Electoral, “lo más grave es que el presidente de la República sea puesto por la Corte Suprema de Justicia”.

Añade que, para él, “la Ley Electoral está prácticamente agonizando (y) ya no tiene ningún sentido que los partidos hagan un gran esfuerzo, el Estado y los hondureños, cuando su voluntad no va a ser respetada bajo ese principio que se está arguyendo”. No se trata, en realidad, de un principio, sino de todo un andamiaje de dictadura política-electoral.

Como entre nosotros todo pasa, aparentemente sin que nada pase, el Tribunal Supremo Electoral ha procedido a la inscripción del sujeto de la controversia, Ricardo Álvarez, como designado en la fórmula presidencial de JOH, con regocijo (no sabemos por qué) del mismo Álvarez, quien, tal vez irónicamente, ha declarado de que siempre va a respetar la ley. La ley, por supuesto, que la autoridad electoral con hipócrita reverencia también acata.

Queda, entonces, en el horizonte electoral el espectro de un “triunfo” imbatible de JOH, con el saldo exacto de millón y medio de votos… y, naturalmente, la revancha popular de desobediencia civil y sublevación más huracanada de nuestra historia.