En el golfo

Como era de esperar, la reunión de los presidentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua para resolver sobre el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en lo relacionado con las fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca, ha entrado en un juego peligroso.

Honduras acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para destrabar el incumplimiento de la sentencia arbitral de la CJI de 1992, que dio lugar a un encuentro en diciembre/12, en Managua, de los presidentes Ortega, Funes y Lobo Sosa que se constituyeron en Comisión Trinacional para ese cometido.

De esa acuerdo en Managua surgió la directiva a las respectivas cancillerías de presentar un informe consensuado para establecer la situación de cumplimiento de la sentencia de La Haya, y, de acuerdo con tal informe, convenir un régimen  de administración, protección y explotación del Golfo de Fonseca por parte de los tres Estados ribereños.

A la hora de las concreciones, Honduras presentó su informe-propuesta, mientras El Salvador y Nicaragua ignoraron el compromiso, lo cual es una fuerte señal de la falta de voluntad política de cumplir con lo sentenciado por la CIJ, no obstante que Nicaragua tiene ahora el aliciente de haber ganado en este alto tribunal su diferendo sobre la frontera marítima con Colombia en el Mar Caribe.

Según ha trascendido por los medios de comunicación, la propuesta de Honduras, de amplio sentido integracionista, prioriza la aplicación de un régimen de co-soberanía que permitiría la unidad en los esfuerzos de protección y explotación de lo recursos de ese mar interior, a la vez que una convivencia pacífica de las poblaciones ribereñas.

De no ser así, la segunda opción sería la delimitación a secas, sin régimen de convivencia, que de alguna manera desconoce la intención integradora de la sentencia de la CIJ de 1992, desperdiciando la oportunidad de desarrollar esa zona estratégica para beneficio de la región centroamericana.

El hecho de que Nicaragua proceda a una especie de bloqueo militar de la navegación en el Golfo de Fonseca, con el emplazamiento de naves artilladas, tiende a ser una cuestión grave, de provocación, que podría derivar en “casus belli”, que la cordura no recomienda ni Honduras desea.

Pero parece evidente que tal disposición pudiera ser manifestación de un acuerdo entre los gobiernos de Nicaragua y El Salvador, en seguimiento de una política anterior orientada a cerrarle la bocana a la navegación hondureña en contravención a lo establecido por la justicia internacional, de obligatorio acatamiento.

Las consecuencias inmediatas son demasiado serias para dejarlas pasar sin respuesta, y esa respuesta, al fracasar los canales diplomáticos, entraría en el terreno que con tanta propiedad define von Clausewitz. Así las cosas, la instancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendría que activarse con necesaria rapidez.