Un grupo de agricultores ha solicitado al gobierno la declaración de emergencia por la sequía, que afecta a todo el país, con la propuesta de que “tenemos que hacer algo más de lo que se está haciendo” para mitigar la adversidad climática.
El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (FENAGH), Leopoldo Durán, dice al respecto: “Estamos muy preocupados, nos hemos reunido con parte de los sectores productivos, nos vamos a reunir con el secretario de Agricultura… Tenemos que hacer una integración interinstitucional desde la parte académica”.
Palabras, palabras, palabras. Plantea la FENAGH, como medida inmediata, la aproximación con la Secretaría de Educación para emprender “una campaña de siembra de árboles para reforestar el país mediante la población escolar”. La canícula, mientras tanto, se extenderá, según COPECO, hasta finales de septiembre/15.
En visión de largo plazo, la prolongación de la sequía, con fluctuaciones de más o menos, será hasta 2016, y esto se vislumbra sin intención catastrófica. El hecho es que el fenómeno de El Niño y de La Niña —que no es exactamente cambio climático— tiene más de 20 años: en Honduras empezó en 1990.
Como todo lo correspondiente a los problemas del agro en nuestro país, podemos ver que la gravedad del efecto climático en la producción agropecuaria es resultado de la acumulación de indiferencia e irresponsabilidad institucional en torno a la falta de políticas de Estado para la difusión y aplicación coherente de tecnologías y de medidas atinentes en materia de seguridad alimentaria.
Esa inoperancia y responsabilidad la comparten, aunque en menor grado, los productores agropecuarios, pero sobre todo las organizaciones como la FENAGH que, ciertamente, han sido utilizadas para adquirir figuración política y social y prebendas particulares. Nunca se ha tenido presente ni siquiera la metáfora bíblica de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas.
En 1990, año inicial del proceso de privatización de la economía hondureña en la administración Callejas Romero (N, 1990-1994), se dio el primer golpe fatal al acopio de granos básicos con el desmantelamiento del sistema nacional de silos, traspasados al sector privado gratis o a precios de gallo muerto.
La privatización —que es la base y característica del neoliberalismo económico— trajo consigo, naturalmente, el deterioro de la actividad agrícola y pecuaria, pues privilegia la importación de granos básicos, y, como lo vimos desde el principio, dio lugar al “dumping” desastroso para los agricultores y a las grandes “movidas”, hasta estas fechas, de compra de frijoles en Etiopía y demás lindezas de corrupción en el marco de la SAG.
Últimamente se abandonó la iniciativa, promovida por Naciones Unidas (FAO), para el uso de tecnologías apropiadas a nivel individual y comunitario (semillas mejoradas, tracción animal, aprovechamiento de la cultura local, ensilaje, etcétera), siempre con el fin de favorecer a los importadores, en concordancia con la línea privatizadora, según la cual el Estado nada tiene que ver con la producción, y es mejor pasarle la pelota al sector privado y a las ONG’s.
Así las cosas, los productores agropecuarios son marginados del sistema económico del país, sin facilidades de inversión apropiadas a las condiciones de la actividad en el agro, y sin posibilidad de aplicar disposiciones de prevención y de mitigación ante la emergencia climática.
Con un cuadro así, y una burocracia de escritorio, sin investigación en las universidades, todo está en fin, a la mano del buen Dios. Sin agua y con gorgojos (el gorgojo de pino siempre ha estado aquí, también desde hace más de 20 años), lo que nos queda es la reelección.
